Abstract
Para determinar si la exigencia argumentativa deprecada por la Corte Constitucional no vulnera garantías esenciales del estado Constitucional y democrático de derecho, es menester analizar i) la concepción del derecho a la tutela judicial efectiva, ii) el principio pro actione que de él se deriva iii) la finalidad de que una sea acción pública y iv) cómo estos conceptos se aplican en la realidad jurídica constitucional.