Abstract
El presente artículo pretende explicar las consecuencias que produce la falta de congruencia en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011) sobre los recursos procedentes por vía gubernativa dentro de los procesos de responsabilidad fiscal; lo que ocasiona la violación de derechos constitucionales como el del debido proceso y el de defensa que asisten al presunto responsable, sujeto pasivo de la acción fiscal en lo concerniente a las medidas cautelares, nulidad y pruebas. Y, teniendo como base la confrontación de los preceptos de ley, la revisión de jurisprudencia y la doctrina; se examina aquí si tal dificultad puede ser resuelta a través de la hermenéutica jurídica.