Abstract
En los últimos meses hemos sido testigos de una lluvia de controversias y opiniones sobre la ley 975 de 2005, denominada ley de justicia y paz, la que justamente se encuentra hoy bajo la lupa de la Corte Constitucional quien decidirá si prosperan o no los innumerables cargos de los cual ha sido objeto la citada norma.
Pues bien, de todo ese universo controversial, se puede rescatar, y es necesario hacerlo, una serie de problemáticas jurídicas que transcienden la sola exequibilidad de la ley en estudio y que se constituyen en cuestionamientos fundamentales sobre la interpretación constitucional y sobre el alcance y contenido del derecho vigente en Colombia.
La discusión primordial se centra en la existencia y el alcance de un supuesto derecho humano, constitucionalmente reconocido, a la verdad, justicia y reparación. De ese primer punto de estudio surgen dos interrogantes, a saber: ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que una norma de derecho internacional haga parte del bloque de Constitucionalidad Colombiano? Y bajo la respuesta encontrada pasaremos a preguntarnos si: ¿existe una norma de derecho internacional que consagre el derecho humano a la verdad, justicia y reparación y que cumpla los requisitos para ser parte del derecho constitucional colombiano?
Luego de resolver esa discusión, vale la pena, de todas formas, adentrarse en el caso concreto y compararlo con los principios y fundamentos jurídicos que sirven de base a los contradictores de la norma para analizar la supuesta inexequibilidad, para ello trabajaremos dos cuestiones: primero habrá que resolver si son aplicables los principios de la verdad, justicia y paz al caso colombiano; para terminar por analizar la compatibilidad de la norma con los derechos reconocidos en la Constitución Colombiana.