Resumen
El ordenamiento jurídico consagra la aceptación de cargos excediendo los términos constitucionales fijados para los principios de oportunidad y del consenso; adicionalmente, la jurisprudencia mayoritaria trastroca los fines de la ley penal cuando sienta algún precedente sobre este tema. Por ello, es imperioso estudiar cómo debe enfocarse dicha institución procesal a la luz de la ley y la Constitución Política y evaluar su legitimidad; además, precisar si se cumple o no con la garantía de contradicción, de tal manera que ella permita el acceso material a la justicia de todas las partes e interesados en el proceso penal. Todo ello, adviértase, de cara a edificar una sentencia justa que cumpla con los fines del derecho penal y de la pena y, naturalmente, que no sea el resultado de la renuncia a la verdad material.