Resumen
El proceso penal de tendencia adversarial regulado por la Ley 906 de 2004 no ofrece un tratamiento jurídico diferenciado para quienes luego de haber cometido presuntamente una conducta punible –no antes o durante– se encuentran en una condición mental disminuida o alterada que les impide: i) comprender la naturaleza, el objeto y las consecuencias del proceso, ii) colaborar eficazmente con su defensor y iii) ejercer su derecho a la defensa material; omisión legislativa que resulta incompatible con el debido proceso penal. El presente artículo se ocupa de esa problemática a partir del análisis crítico de la legislación procesal interna y, en consecuencia, propone una solución para el abordaje de la incapacidad del imputado coherente con los fundamentos y límites del poder punitivo en un Estado social y democrático de derecho.