Resumen
Fue en el año 1993, cuando comenzó a tomar forma la crisis de la Justicia Penal Militar, cuando en obedecimiento a recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se declararon inconstitucionales las figuras del defensor militar, Fiscal Penal Militar y jurados de conciencia que conformaban los denominados consejos de guerra, mediante sentencias C-592 de 1993 y C- 141 de 1995. Como resultado, se llegó en aquel entonces a una conclusión absurda basada en la negación del principio de la buena fe, según la cual las cortes o tribunales militares de que trata nuestra Constitución Política en el artículo 221, no podían estar integrados por militares debido a que sus integrantes, como miembros activos de la Fuerza Pública, se encontraban investidos de un sentido de autoridad y obediencia incompatibles con los cargos para administrar justicia.