Resumen
Una de las problemáticas de más alto calado en la actualidad en materia jurídico-penal, con incidencias en el campo nacional, es el estudio de las relaciones existentes entre –por una parte– el tradicional derecho penal nacional edificado sobre los principios inquebrantables de legalidad, dignidad humana, proporcionalidad, debido proceso, entre muchos otros, propios de un Estado Social de Derecho, erigidos para que “la creación, interpretación e integración del derecho no queden libradas al arbitrio subjetivo de quienes la ejercen, sino a la inatacable objetividad en que ellos consisten”1; y, por otra parte, un llamado derecho internacional penal, fruto de las genuinas preocupaciones de una comunidad internacional vigilante y atenta por evitar la impunidad de delitos que, a su juicio, afectan seriamente derechos humanos y bienes jurídicos de protección supranacional.