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Resumen
La expedición de las Leyes 599 y 600 del 24 de julio de 2000 marcó un hito en el estudio y en la aplicación del Derecho penal en nuestro país. De hecho, el nuevo Código Penal en consonancia con la Constitución Nacional –lo que se denomina el programa penal de la Constitución–, reestructuró las bases del Derecho Penal hacia un
modelo de orientación garantista, en virtud del cual figuras como el derecho penal de autor o la causalidad como único criterio de imputación de la conducta punible, discordantes con los fines del Estado de Derecho, fueron proscritas del ordenamiento. Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal –in articulo mortis–, estatuto de corte inquisitivo, en esencia por la concepción de un juez omnipotente en cabeza de quien se asentaban –además de la actividad sancionadora– ciertas funciones de investigación y acusación, dio lugar a un procedimiento en nada distinto al que se adelantó contra los herejes en las épocas de Colón.