Resumen
Las nuevas técnicas publicitarias tienen una mayor capacidad de incidir en el comportamiento del consumidor, lo cual sitúa a este último en clara desventaja respecto de las empresas; si, además, la publicidad es engañosa, el riesgo para los consumidores es elevado y, por ello, se hace necesario incrementar su protección en la misma medida. Tal tutela ha de ser proporcionada por el Estado a través del derecho, pero el análisis de esta necesidad de protección y la determinación de la forma en que ella debe realizarse, supone examinar el papel de las distintas ramas del ordenamiento jurídico a dichos efectos y, en especial, el del derecho penal, cuya intervención debe evaluarse, en primer lugar, desde una perspectiva eminentemente político criminal.