Vélez Osorio, Luis Gonzaga, Otra cara del sistema acusatorio colombiano: menosprecio de la libertad personal y autoritarismo penal. Medellín, Universidad de Antioquia–Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2012.
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Vélez Osorio, Luis Gonzaga, Otra cara del sistema acusatorio colombiano: menosprecio de la libertad personal y autoritarismo penal. Medellín, Universidad de Antioquia–Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2012. (2013). Cuadernos De Derecho Penal, 9, 211-225. https://doi.org/10.22518/20271743.342

Resumen

Otra Cara del sistema acusatorio colombiano: menosprecio de la libertad personal y autoritarismo penal, es un juicio crítico al desdibujado potencial limitador de las normas procesales penales que definen las restricciones del derecho a la libertad personal en Colombia. En el mismo, se ponen “blanco sobre negro” los reales alcances de la llamada cultura acusatoria en el ámbito del régimen de libertad, desarrollado por la Ley 906 de 2004 y las reformas introducidas por las Leyes 1142 de 2007 y 1453 de 2011. A tales fines, el estudio enseña dos rostros de la cultura penal acusatoria en materia de intervenciones sobre la libertad: uno que se dio en llamar discursivo o declarado, que presenta el “respeto de las garantías procesales penales” como uno de los propósitos del sistema procesal penal; y, otro, no declarado, que muestra una orientación divergente, esta vez a los fines de conseguir una “mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad” por medio de la introducción de incrementos punitivos indiscriminados, la prohibición de beneficios, el aumento de la exigencia para los subrogados y la ampliación del número de medidas de aseguramiento. De esta manera, por un lado, el estudio devela ciertas metáforas mentirosas del discurso oficial entorno a la excepcionalidad de la prisión preventiva y, por otra parte, en las reformas aludidas, identifica la forma como se ha relativizado la eficacia de las garantías fundamentales como límite a la actividad estatal de investigación penal, por medio de la flexibilización de los presupuestos y la metodología misma de las intervenciones de la Fiscalía y la Policía Judicial.

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