Empresas_y_posconflicto_el_dilema_de_RSE_en

El posconflicto colombiano exige la participación de todos los sectores de la sociedad, comoquiera que al Gobierno, única y exclusivamente, le es imposible abarcar todos los aspectos requeridos para garantizar la terminación del conflicto armado y lograr una paz duradera. En tal sentido, conviene destacar la importancia de hacer visibles actores no estatales, y reiterar la necesidad de diálogos constructivos que puedan conducir a los cambios, donde los derechos humanos sean el enfoque principal en la obligación del Estado de proteger, y de las empresas de respetar dentro de la debida diligencia en sus actividades. El sector empresarial se ve llamado a aportar en la consecución de la paz, teniendo en cuenta las inmejorables posibilidades de desarrollo para el país que ello conlleva, en una nación que ha visto supeditada su inversión en progreso al financiamiento del conflicto armado. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una manera viable de hacerlo, por lo cual, a través de esta investigación se analizan cuáles deben ser las prioridades de su RSE, como constructores de paz, en el marco del posconflicto.

Palabras clave: solidaridad, posconflicto, reinserción, inclusión, sector empresarial, responsabilidad social empresarial.

Colombian post-conflict requires the participation of all sectors of society, as it is impossible for the Government to cover all the aspects required to guarantee the end of the armed conflict and achieve lasting peace. In this regard, it is important to emphasize the importance of making non-state actors visible and to reiterate the need for constructive dialogues that can lead to change, where human rights are the main focus on the State’s obligation to protect, and respect in due diligence in their activities. The business sector is called to contribute to the achievement of peace, taking into account the unbeatable possibilities of development for the country that this entails, in a nation that has seen its investment in progress contingent on the financing of the armed conflict. Corporate Social Responsibility (CSR) is a viable way of doing so, through which this qualitative research analyzes what the priorities of its CSR, as peace builders, should be in the framework of post-conflict.

Keywords: solidarity, postconflict, reinsertion, inclusion, business sector, corporate social responsibility.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha tenido grandes avances en los últimos años, cada vez es más notoria la necesidad de empresas comprometidas con la sociedad y el ambiente que traspasen la esfera económica de su naturaleza. En el desarrollo de los principios de un Estado social de Derecho, las empresas colombianas están llamadas a participar del cambio de paradigma económico, para inmiscuirse en los aspectos trascendentales del país, fundamentados en el principio de solidaridad, apoyando con estrategias y programas empresariales los distintos retos nacionales, como lo son la superación de la pobreza, la inequidad, la contaminación ambiental y, entre otras, la consecución de la paz.

El anhelo de la paz en Colombia es directamente proporcional al nacimiento del conflicto, aunque su consecución se torne platónica con el pasar del tiempo. Una de las luchas más extensas se ha librado con los grupos armados al margen de la ley, con lo que el conflicto colombiano se ha extendido por más de 50 años. Hasta hace poco, el país vivió en guerra con uno de los grupos armados con mayor antigüedad en el mundo; este histórico conflicto terminó con la refrendación del acuerdo de paz, firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño.

El gran reto del país, con posterioridad al acuerdo, es generar un cambio para auspiciar su aplicación, que siente las condiciones para el acogimiento de personas que por una u otra razón decidieron, o fueron obligadas, a permanecer en un grupo alzado en armas, que no compartía los ideales del Estado.

Para alcanzar el bien supremo es menester integrar a los distintos actores sociales, quienes deberán aunar esfuerzos en la generación de espacios de inclusión y reinserción de los exguerrilleros, comoquiera que no solo el gobierno nacional está llamado a realizar estrategias de desmovilización y vuelta a la vida civil, con todas las garantías que de ello deriva, sino que se requiere la participación activa y responsable de la sociedad civil y las entidades privadas. Estas últimas, sin duda, han sido parte del conflicto, para algunos como determinantes en la brecha de desigualdad y lucha de clases sociales, fuente ideológica de los conflictos sociales; y para otros, como víctimas de los actos delictivos.

Es en este punto donde radica la importancia de la aplicación de la RSE en el sector privado colombiano, en el entendido de que el compromiso con sus stakeholders, desde el ámbito social, laboral, económico y medioambiental, trascienda a las necesidades urgentes del país, como las que trae consigo el posconflicto. Si bien se resalta el compromiso de grandes empresas de diversos sectores comprometidos en la materia, como es el caso de Bavaria S.A. que posee proyectos, como “Tiendas de Paz” para las víctimas del conflicto armado (Bavaria S.A., 2014), con pocos esfuerzos no será suficiente. En este sentido, se requiere la generación y puesta en marcha de una cultura de RSE aplicada a la realidad, en las empresas colombianas2, así como la necesidad del cumplimiento de estándares mínimos de RSE que permitan fomentar, materialmente, el desarrollo del país.

Las empresas que acogen los diversos lineamientos y directrices existentes a nivel internacional que fomentan la cultura de RSE, tienen como característica principal la voluntariedad, haciendo parte del llamado soft law (Acevedo, Zárate, & Garzón, 2013).

Dentro de los lineamientos más destacados se encuentra el Pacto Mundial, iniciativa voluntaria lanzada en el 2000, con la que se busca que el sector empresarial de todo el planeta trabaje con el “mismo idioma”, con la aplicación de 10 principios universales sobre derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y la lucha contra la corrupción (Oficina del Pacto Mundial, 2009). Otra iniciativa es el llamado “Libro Verde”, producto del cumplimiento del objetivo de la Unión Europea de “convertir a Europa en una economía competitiva capaz de lograr un crecimiento económico sostenible con una mayor cohesión social” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p.3). Igualmente se destacan la Declaración tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social, adoptada en 1977 como respuesta a los debates suscitados por las actividades de las empresas multinacionales, estableciendo principios orientadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y relaciones laborales (Oficina Internacional del Trabajo, 2006); las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, compuestas por “principios y estándares no vinculantes para la conducta empresarial responsable dentro del contexto global, conforme a las leyes aplicables y las normas reconocidas internacionalmente” (OCDE, 2013); las Normas de Derechos Humanos de la ONU para empresas, en las que se integran preceptos sobre la responsabilidad de las transnacionales y otras empresas comerciales en pro de los derechos humanos, donde la obligación principal es la promoción y protección de los derechos humanos consagrados en el derecho internacional y en la legislación nacional (Naciones Unidas, 2003). Y finalmente, los estándares de gestión como la Norma AA 1000, la SA 8000, la ISO 26000 y la GTC 180 (Norma Técnica Colombiana) (Acevedo, Zárate, & Garzón, 2013).

Así como existen empresas que acogen voluntariamente los lineamientos y aplican estándares de gestión como los mencionados, otras aún no se han decidido. Al respecto, González, Gamboa y García (2015) indican que el sector privado desconfía del Estado, y a pesar de que conoce la forma en que debe actuar frente a la construcción de paz, no se atreve a hacerlo, so pena de que la responsabilidad recaiga solo sobre él. La desconfianza es común entre los demás actores sociales con respecto al Estado colombiano, la corrupción de sus dirigentes ha propiciado la apatía en la participación de las diversas instancias nacionales, misma apatía que genera el abstencionismo electoral, una justificación para el no pago de los impuestos y para considerar que las instituciones estatales no son idóneas para resolver los problemas.

Para algunos el carácter voluntario permite que no se tenga un verdadero compromiso con los programas iniciados bajo la premisa de RSE, que no se culminen o no se ofrezcan verdaderas soluciones de responsabilidad social, por lo que considera necesaria la obligatoriedad de estas medidas. Sobre los fundamentos de la obligatoriedad Ibarra (2014) indica:

En ese orden de ideas, es factible que con normas de obligatorio cumplimiento, la RSE pase a universalizarse dentro del sector privado empresarial colombiano, logrando un rango mínimo de acciones importantes, lo que podría incidir en la competitividad internacional, desde el punto de vista de las cargas para invertir en el país, así como podría afectar los programas con éxito existentes, al modularse hacia el mínimo exigido, privando al país de experiencias creativas y de mayor alcance.

Es decir, se considera que hacer obligatoria la Responsabilidad Social Empresarial contraría su concepción inicial, y está en condiciones más de afectarla que de desarrollarla. Empero, la motivación de las empresas para llevarla a cabo, cada día se expande como una estrategia de marketing y de valor agregado, por lo que se considera válido que se desarrolle cobijada en el soft law actual, tal vez con mayores incentivos por parte del Estado, pero sobre todo con mayores controles y medidas que permitan avanzar hacia estrategias sostenibles, con verdadero compromiso por parte de las empresas y mejores resultados, logrando que la RSE se convierta en un pilar de progreso social, mientras se benefician mutuamente la sociedad y las empresas.

Finalmente, más allá de la discusión sobre la obligatoriedad o no de las acciones de RSE del sector privado, el llamado en estos momentos, como actor importante en la sociedad colombiana, es a dirigir sus políticas y programas a la construcción de la paz, una forma podría ser la inclusión de un grupo de colombianos que seguramente sufrirán la marginación como consecuencia del estigma social del grupo al que pertenecían, como resultado de sus actos violentos, que no son más que el fruto de una historia negada por muchos años en este pueblo. Colombia prácticamente no ha nacido, sin guerras; cuando aparentemente estuvo a punto de refundarse, con el movimiento de Gaitán, las castas políticas imperantes convinieron distribuirse el poder, y esperanzaron a la población en una aparente reconciliación (Ospina, 2013). El poder empresarial y político colombiano abandonó sus banderas, con directivas y mayorías que representaban los intereses individuales de unos pocos, en detrimento de la gran mayoría de la nación, que veía disminuidos sus derechos y creaba apatía electoral y en las instituciones, en vista de que era defraudada por sus elegidos, en quienes confiaba el voto en busca de representación y el anhelado cambio.

No obstante, los dueños del poder en el país, no hicieron esfuerzo alguno por mitigar los sufrimientos de los colombianos. Una vez inició lo que llamaron paz, recomenzó la persecución contra aquel que fuese distinto, proliferando la violencia contra las iniciativas disidentes, con lo cual “El sueño de Colombia volvió a aplazarse, el pueblo volvió a quedar postergado. La segunda república quedaba para el siglo siguiente” (Ospina, 2013, p.150).

Debe entenderse a quien piense distinto, a quienes defienden y promueven los derechos humanos, a quienes se atrevían a criticar el statu quo de la clase política imperante. El sector privado participaba en la política para proteger única y exclusivamente sus intereses, y se aliaba con la delincuencia y el narcotráfico, de ser necesario, para evitar la afectación de los mismos.

La historia del país refleja que la clase dirigente, incluyendo a los grandes empresarios, auspiciaron el conflicto. De acuerdo con Ospina (2013) “la dirigencia colombiana se pregunta cada vez con más frecuencia cuál es la causa de los males, y casi siempre señala con el dedo hacia algún costado de nuestra compleja realidad” (p.178). En los años 50 se culpó a los bandoleros, pero luego de exterminarlos el mal creció; luego se atribuyó la responsabilidad a las primeras guerrillas, las cuales fueron vistas no como originarias de la realidad del país, sino producto del fenómeno internacional de la Unión Soviética, empero, clausurado el proyecto comunista, las guerrillas seguían en pie; a finales de los 80, se buscaron como causantes del desorden a los narcotraficantes, pero luego de que descompusieran y extraditaran a los grandes capos, los problemas persistían; en fin, lo importante ha sido seguir buscando culpables: las guerrillas, la delincuencia común, el invierno (Ospina, 2013).

Aunado a lo anterior, la responsabilidad de todo un país que financia, reproduce el engaño, se propone enriquecer su interés particular, se vale de la abstención a participar, se cansó de luchar y cedió impostergablemente su mando.

Es este el panorama que exige la participación activa y objetiva de todos los sectores, incluyendo al empresarial, así como la priorización de acciones tendientes a la contribución de una nueva Colombia en el marco del posconflicto. En consecuencia, resulta interesante conocer las prioridades, en materia de RSE, del sector privado que puedan ser incluidas dentro de políticas en el marco del posconflicto.

Ante el horizonte descrito anteriormente, se plantea si las empresas en el sector privado colombiano tienen prioridades dentro de su RSE como constructores de paz, con lo cual surge la cuestión: ¿Cuáles deben ser las prioridades de la RSE de las empresas del sector privado colombiano, en el marco del posconflicto? Para responder se desarrolló esta investigación cualitativa, que tiene alcance exploratorio y utilizó el método inductivo. Se emplearon como herramientas la doctrina, informes poblacionales, datos estadísticos e investigaciones relacionadas con la temática de RSE y posconflicto.

Su desarrollo se dividió en varias etapas, en la primera, se tratan aspectos preliminares de los aspectos básicos de la RSE en Colombia; en la segunda, las temáticas específicas alrededor de las cuales se debe invertir socialmente en el marco del posconflicto, y finalmente, se identifican las prioridades a las que debe estar dirigida la RSE del sector privado en torno al posconflicto.

En primer lugar, se observarán varias comprensiones sobre el significado de RSE en el mundo, para luego analizar sus implicaciones en el país. Bajo este parámetro, se tiene la definición de Correa (2007):

Definición que, dicho sea de paso, consolida la afirmación de la necesidad de que la RSE sea voluntaria, en el entendido de que es la única manera de que vaya más allá del cumplimiento de las obligaciones jurídicas, y permita la creatividad aplicada al entorno, así como el dinamismo propio de las regiones.

Por su parte, la Asociación Nacional de Industriales (2001) afirma que la responsabilidad social es “la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas en los sectores con los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse” (p.14).

Esta definición se fundamenta en un estado empresarial retributivo, mutualista, el cual permite que a través de la RSE haya progreso para todos los actores.

En sentido semejante, Illera (2009) afirma que es un “compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medioambiente, desde su compromiso social y un comportamiento responsable hacia las personas y los grupos con quienes interactúe” (p.53), lo que incluye el indispensable compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, sin el cual, no existiera la humanidad, por lo que ha de esperarse que la concientización de este deber reciba mayor y unánime acogida.

Teniendo en cuenta lo anterior, la autora plantea cinco enfoques desde los cuales es entendida la responsabilidad social empresarial: Para el enfoque clásico, la responsabilidad de la empresa está en aumentar las utilidades de los propietarios; desde el enfoque estratégico, las obligaciones de la empresa no se limitan a los accionistas, sino que comprenden a un grupo más amplio, los stakeholders; según el enfoque del contrato social, la RSE es un pacto justo entre las instituciones y la sociedad, y la empresa como parte de la sociedad necesita contribuir al bienestar de esta; desde el enfoque virtuoso, la empresa es una institución socioeconómica que tiene una seria responsabilidad moral con la sociedad. El enfoque del triple button line señala que la RSE es la búsqueda de un triple beneficio: rentabilidad económica, mejora del bienestar social y preservación del medioambiente, con lo cual se está de acuerdo. Es un concepto integrador válido que permite consolidar que la aplicación de políticas de RSE auspician el beneficio para todos los actores.

Según la norma técnica nacional GTC 180, creada para proporcionar directrices a las organizaciones con el fin de que su gestión sea más responsable, la RSE es el compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas (stakeholders), en materia de desarrollo humano integral; esta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, pero sobre todo, integrando las prácticas a todos y cada uno de los procedimientos de la organización.

Vistas las definiciones anteriores que corresponden con el concebido de la RSE en la actualidad, es menester comprender que a Colombia dicho concepto llegó hace poco menos de dos décadas. La primera vez que se instaura RSE con un significado similar, data exactamente del año 2000, con el llamado Pacto Global, o Pacto Mundial, desarrollado por las Naciones Unidas y múltiples empresas privadas, en un proceso de cooperación empresarial por difundir y garantizar el respeto de los derechos humanos, el derecho al trabajo y el medioambiente; así como el deber de erradicar la corrupción.

Bajo estos cuatro pilares se fundan las políticas de RSE. No obstante, la implementación del principio de prevalencia del interés general, la solidaridad y la justicia social, propias del Estado Social de Derecho y la Constitución Política (1991) que lo orientan, generan la aplicación de valores, que darían paso a la RSE en el país. Dos años después, la Ley 99 (1993) transcribe el concepto mundial de Desarrollo Sostenible en el país, con lo que se instituye la política de crecimiento económico, como elevación de calidad de vida y bienestar social, respetando el medioambiente y el derecho de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Es decir, un desarrollo económico consciente de la preservación de recursos y del impacto en su entorno medioambiental, que, en un ejercicio de sistematización del derecho con los principios de la Constitución anotados, tiene en cuenta el impacto en sus ámbitos de influencia, o stakeholders. Esta apreciación coincide con la de Martínez (2011) según la cual “el carácter social de la actividad económica exige que la empresa esté obligada para con el bien de la comunidad en la que desenvuelve sus actividades” (p.27)

El concepto de stakeholders de la empresa, integra tanto a los trabajadores como a sus familiares, a la comunidad aledaña a las instalaciones de la empresa y a la comunidad en general.

Haciendo un estudio de la obra de Martínez Herrera, se analizan siete ámbitos de incidencia de las RSE, que servirán para determinar las formas de intervención de las empresas, de acuerdo con las prioridades que requiere el país, en su periodo de posconflicto.

El ámbito ético de la RSE empresarial, implica la comprensión de valores que identifican a una empresa, y a los que deben corresponder sus representantes es decir, sus trabajadores, en tanto que “el trabajo ocupa una buena parte del tiempo de la gente, se busca que la ética canalice la necesidad personal de sentido en las actividades empresariales” (Martínez, 2011, p.19), por lo cual, seguramente se verá reflejado en los valores y misión de la empresa, lo que, a su vez, incide en sus políticas de contratación.

El ámbito de reconocimiento efectivo de los derechos humanos consiste, en primer lugar, en el respeto por los tratados internacionales y el desarrollo de las protecciones del trabajador a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), teniendo en cuenta que hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad. Lo anterior significa, que las actuaciones del líder empresarial serán ejemplares de respeto por las personas, evitando toda forma de manipulación, reconociendo sus méritos y no sus contactos, tratarlas como seres libres pensantes, mas no como esclavos (Martínez, 2011). Ello coincide con el objetivo general de erradicar la corrupción y las libertades constitucionales.

Un tercer ámbito, relacionado con la justicia social, compromete a la empresa en la lucha mundial por erradicar la pobreza, en aras de garantizar la equidad y la justa distribución de la riqueza en el mundo. En decir de Martínez (2011), “el contexto social de Latinoamérica, marcado por la pobreza y exclusión de las mayorías, nos obliga a buscar alternativas de gestión empresarial que fortalezcan las competencias sociales de las empresas” (p.81). En ese sentido, las empresas deberían apostarle al desarrollo comunitario y humano como mecanismo participativo para mejorar la calidad de vida de sus stakeholders, convirtiendo en un desafío para las empresas “institucionalizar la iniciativa social exitosa”, lo que permitiría profundizar en la materialización de propuestas encaminadas al desarrollo de la sociedad en general.

En un ámbito muy semejante al descrito, Martínez se refiere a la solidaridad de las empresas, lo que desarrolla aquellos conceptos que entienden a la RSE como un actuar proveniente de la filantropía, el cual debe entenderse como “la participación de la empresa en actividades de bienestar público” (Martínez, 2011, p.97). Lo descrito anteriormente tiene especial significancia, teniendo en cuenta el panorama político colombiano. En ese orden de ideas, la RSE se refiere a la participación de la empresa en actividades de bienestar general, sin afectar ni descuidar el interés empresarial; se espera que la RSE genere una relación mutualista. Por ejemplo, cuando las empresas invierten en mejorar la educación, a la vez, la sociedad le contribuye con una fuerza de trabajo local más competitiva; el impulso de las condiciones sociales y económicas de los países en vías de desarrollo, puede dar lugar a nuevos mercados para sus productos, etc.

La responsabilidad de las empresas con el desarrollo sostenible y el medioambiente se sustenta en la preservación de la vida del planeta, sin el cual, no existieran ni los compradores, ni las empresas, ni los productores, ni por supuesto, los empresarios. El cambio climático es una realidad latente que evidencia el deterioro del medioambiente y sus graves consecuencias, por lo que la erradicación de las tecnologías contaminantes y la proliferación de la industria sostenible y amigable con el medioambiente resulta una obviedad.

Por su parte, el ámbito de la no corrupción implica la transparencia de la información, para evitar que dineros públicos enriquezcan indebidamente a los particulares. Para sostener dicha transparencia se crearon los mecanismos de rendición de cuentas denominados “balance social”, mediante los cuales las empresas informan sobre las mediciones de desempeño de aquellas acciones en su ámbito interno y externo (Martínez, 2011).

El último ámbito de RSE descrito por Martínez se refiere a la cultura con responsabilidad social, basada en la necesidad de propender por valores, principios y acciones que propicien un mejor futuro. Lo anterior significa que “las empresas deben ayudar a construir una cultura basada en los parámetros de la posmodernidad” (Martínez, 2011, p.174), lo que se logra fomentando el pensamiento creativo social, es decir, el pensamiento crítico que da lugar a reflexiones de una cultura propia, que piensa y vive desarrollando seres humanos cada vez más comprometidos con su sociedad y futuro, “la empresa debe difundir una cultura empresarial fundada en valores: dar testimonio de que puede ser eficiente teniendo una cultura ética” (Martínez, 2011, p.174).

En conclusión, esta investigación concuerda con los conceptos desarrollados, en el entendido de que la RSE comprende una relación mutualista, en la que las empresas integran políticas que van más allá de las exigencias legales y propician el progreso de sus stakeholders, de manera libre y respetuosa de sus derechos, y que, a la vez, generan una filosofía institucional, que beneficia al desarrollo de la empresa misma. Ahora bien, mientras la RSE se encuentre más enfocada en las mayores necesidades por satisfacer de sus stakeholders, tendrá mayor impacto en el bienestar de la sociedad, en el marketing de la empresa y en el bienestar laboral, entre otros.

El posconflicto se entiende como el proceso en el que los hechos violentos y actos terroristas en relación con el conflicto armado interno disminuyen en comparación a años anteriores, es decir, el término se refiere a la situación de un país luego de la terminación del conflicto. En este sentido, el posconflicto no es la garantía de una paz estable, es un momento propicio en el que la disminución de los actos de guerra pueden dar cabida a espacios para la construcción de la paz desde los territorios (Galeano, Gil, & Ruiz, 2016), lo cual aunado a los cambios que se requieran para avanzar en la reconciliación, propiciarán la estabilidad de la terminación del conflicto.

Por su parte, otros autores plantean que en el posconflicto se debe pasar de una economía de guerra a una economía para el desarrollo, integrando las necesidades económicas y sociales, para promulgar políticas públicas acordes con las situaciones que enfrentará el país; ello implica un análisis del sistema económico y político que determinó la creación de los grupos armados ilegales, así como la atención a aquellas situaciones conflictivas que pudieran provocar crisis, y fomentar un nuevo conflicto armado (Devia & Niño, 2015).

En Colombia, la economía se ha visto supeditada a los costos de la guerra a causa de cinco décadas del conflicto de violencia armada, lo cual ha debilitado el sector político, y en gran medida el sector económico. Sin embargo, el futuro para el país después de la firma del Acuerdo de Paz convendrá en el compromiso por parte de todos los grupos de la población en la reactivación de la economía, en alzas de inversiones extranjeras, en el fortalecimiento de la producción alimentaria y agropecuaria, y en el flujo de las actividades del comercio exterior (Galeano, Gil, & Ruiz, 2016).

Lo que ha vivido la sociedad colombiana, durante la etapa del conflicto es la mayor postergación de la inversión en nuevas tecnologías, desarrollo de la educación, salud, producción industrial, alimentaria, científica, entre otros, bajo el lema de que el problema principal a superar, y la razón fundante del rezago de la nación, es el conflicto interno, por lo que se han vivenciado aproximadamente cinco décadas en las que la prioridad es la lucha armada, su financiación y su fin, bien sea desde la óptica de los diálogos de paz, o de la búsqueda de la victoria a través de las armas. Ello ha sido el derrotero que los distintos gobiernos y políticos han profundizado, y a lo que, mayoritariamente se ha dedicado la población.

Según economistas de la Universidad de los Andes, con relación al Producto Interno Bruto (PIB), las cifras estimadas entre los años de 1999 hasta 2008 indican que a causa del incremento en 1 % de ataques unilaterales a los grupos armados, el PIB departamental se reduce en promedio a 0,04 % y 0,36 %. Por lo tanto, alcanzar la paz de manera definitiva incrementaría a un 4,4 % la economía departamental, aun manteniendo la violencia criminal (Ibarra, 2014). Sin opinar sobre el porcentaje de aumento en el PIB, es sumamente evidente que al suprimir los daños causados por el conflicto, la fricción y sosiego del conflicto armado, se posibilitará una tendencia hacia el crecimiento y desarrollo con mayores posibilidades, como si un tren se deshiciera del vagón pesado que le sirve de lastre.

En este orden de ideas, se considera que existe una relación inminente entre el posconflicto y la economía del país, con lo que se concluye que al final del conflicto y en un escenario deseado y positivo, el sector económico producirá el aumento del PIB, los recursos anteriormente utilizados en la salvaguardia del país se invertirán en el gasto social, lo que generaría una tendencia a un ámbito que auspicia el desarrollo económico y social (Galeano, Gil, & Ruiz, 2016).

El Acuerdo de Paz y sus compromisos plasmados son la fuente indispensable para la reconstrucción del tejido social, por lo menos en cuatro dimensiones que proyectan la inversión social para fortalecer el proceso de transición y el desarrollo a escala humana. Estas dimensiones provienen de acciones que se pueden generar para contribuir al desarrollo y el crecimiento económico (Devia & Niño, 2015).

La primera dimensión contiene dos aristas, la reinserción de los exguerrilleros, junto con la gran ola de desplazamiento forzado, lo cual ha provocado y provocará que el desempleo aumente, por lo que la incorporación de estos en el sector productivo se convierte en una prioridad; por otro lado, la solución al conflicto entre la posesión de los recursos de la tierra, donde la empresa actúa como agente neutral en el proceso de resolución y veeduría. Como segunda dimensión la inversión en infraestructura para mejorar la cobertura y provisión de servicios básicos en la población afectada por el conflicto; la reconstrucción o mejoras de las vías de transporte; y la dinamización del mercado para las transacciones internacionales. Para referirse a la consolidación de la reputación y confianza en lo público, la tercera dimensión alude al diseño de políticas más incluyentes que brinden oportunidades para disfrutar de bienestar y buen vivir, el fortalecimiento se realiza con el fin de comprometer las acciones del ámbito público en garantías para los ciudadanos y ciudadanas. La última dimensión es la consolidación institucional, y radica en una serie de acciones que permitan a la población acceder a servicios y programas, así como brindar tranquilidad y seguridad ciudadana (Devia & Niño, 2015). Es decir, la necesidad que traerá el posconflicto está directamente relacionada con la supresión de las causas que le dieron origen, la reparación de los daños por causa o en ocasión al conflicto armado y la orientación de las posibilidades de desarrollo que auspicia la superación de las barreras.

Considerando las temáticas alrededor de la inversión social, se debe tener en cuenta la reconstrucción del tejido social en clave del desarrollo a escala humana, entendiendo que el posconflicto no es un proceso aislado a las experiencias y condiciones psicológicas y sociales de los actores involucrados. A continuación, se definen los grupos poblacionales afectados, con la intención de focalizar la intervención psicosocial y priorizar rutas de acción para apoyar el desarrollo personal y comunitario de las víctimas.

Debido al conflicto armado, distintos grupos sociales se han visto afectados, destacando a los niños, jóvenes, mujeres y campesinos. Los niños y jóvenes han estado expuestos a reclutamientos por parte de fuerzas armadas, lesiones físicas, abuso sexual, desplazamiento forzado, pérdidas familiares y traumas causados por los actos violentos, de los cuales han sido testigos. Por parte del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se han creado estrategias y programas de atención psicosocial para enfrentar dicha situación, con el fin de que estos niños y jóvenes, puedan sobrellevar sus lesiones tanto físicas como mentales. Como resultado de las actividades que desarrollan estos organismos, se han creado programas integrales de prevención y reducción de la violencia, con el propósito de forjar comunidades unidas y seguras, a través de medidas prácticas que consideren objetivos de desarrollo social y económico, facilitando la rehabilitación de los niños y jóvenes afectados por la violencia (Montel, 2015).

En el año 2013, alrededor de 7.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 18 años, se encontraban vinculados con ejércitos irregulares en conflicto, milicias urbanas, y en colaboraciones con el ejército. Este panorama toma fuerza en el año 2010, en el cual más de 1.000 NNA cambiaron su situación a excombatientes, abandonando las armas y su participación en el conflicto armado; lo anterior se efectuó por medio de las capturas producidas por el ejército nacional, liberaciones por parte de los grupos armados ilegales, o deserciones (Acero, 2013).

Algo semejante ocurre con la adultez: hombres y mujeres han experimentado una serie de circunstancias traumáticas, como las pérdidas de sus bienes y las muertes de sus cónyuges, sin embargo, al analizar con mayor profundidad sus situaciones, se evidencia que la violencia generada por el conflicto ha afectado significativa y principalmente a las mujeres, quienes han sido despojadas de sus derechos, de su autonomía, del control dominico de lo propio, violentadas sexualmente, explotadas en labores domésticas, y padecido la desintegración familiar o pérdida de su compañero de vida (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victímas, 2013). Por consecuente, se resalta la importancia de reconocer a la mujer como víctima directa del conflicto al incluir el enfoque de género en los Acuerdos de Paz; de hecho, los movimientos de mujeres han velado por su participación activa en los procesos de toma de decisiones en el marco de reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos, no solo en concordancia con el conflicto armado, sino también por las situaciones violentas que históricamente han vivenciado (Baena, 2013).

Según cifras estipuladas en el Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia para el año 2015, el 87 % de la población que sufrió desplazamiento forzado fueron campesinos, siendo despojados de sus tierras junto a sus familias, quienes a su vez padecieron asesinatos y reclutamiento. La “descampesinización” produjo en Colombia un desequilibrio económico, causando en el sector agrario un descenso crónico para atender la demanda alimentaria ocasionada por los cambios introducidos en las políticas económicas asociadas al libre comercio.

Estos desplazamientos desencadenaron costos fiscales, entre el 2000 y el 2013 por ejemplo, se destinaron 17.938,13 miles de millones de pesos (a precios constantes de 2013) para la atención a la población desplazada. Es decir, que durante ese mismo periodo sus participaciones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y en el PIB (Producto Interno Bruto) de Colombia fueron del orden del 0,9 y del 0,3 %, respectivamente. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015)

De este modo, se vislumbra el medioambiente como un ámbito de afectación, ya que proporcionó una gran ventaja con relación al desarrollo y a la planificación del combate, sirviendo de espacio para la guerra y las luchas (Londoño & Martínez, s.f), en consecuencia, se ocasionaron daños en la diversidad biológica y ecológica como sobreexplotación de especies, deforestación, cultivos ilícitos y derrame de crudos en importantes cuerpos de agua (Rodríguez, 2004).

En suma, la relevancia que cobra la construcción de paz está ligada al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, específicamente en las victimas y los excombatientes; por tanto, es fundamental reconstruir la infraestructura, el medioambiente, el sector productivo, el tejido social y la transparencia en los espacios de democracia representativa, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico en los territorios más azotados por el conflicto. La creciente inversión y los flujos de recursos en los municipios garantizará a futuro la consolidación de un Estado más incluyente, asegurando las mismas oportunidades tanto en el área rural como en la urbana para el desarrollo personal y social, que deberá observar un enfoque diferencial, con acciones de discriminación positiva enfocadas a las víctimas del conflicto.

De acuerdo a lo presentado en el primer y segundo objetivos, se exponen las políticas de responsabilidad social empresarial enmarcadas en el compromiso del sector privado en torno a la consecución del posconflicto, por lo que se analizan las estrategias y/o medidas que aportan a la construcción de paz desde los territorios, relacionando acciones de RSE implementadas en otros países para el logro de la adopción de estas en Colombia.

Las propuestas del Estado para brindar soluciones a los problemas sociales existentes, y los que han emergido por el conflicto armado interno, producto de las afectaciones en los ámbitos político, económico, social y cultural, necesitan de la integración de múltiples actores para abarcar las especificidades de los territorios, con el fin de crear nuevas condiciones para la atención integral de las víctimas, excombatientes y la población en general. Para financiar y promover la construcción de paz, el Estado incorpora al sector privado, creando alianzas estratégicas que comprometan a las empresas al entendimiento de las demandas sociales de sus stakeholders, y en especial sobre las áreas de influencia más afectadas por el conflicto (Acevedo, Márquez, & Rivera, 2015).

Debido a los recursos financieros, tecnológicos y operacionales, la empresa privada cuenta con una privilegiada posición para el financiamiento del posconflicto, pudiendo así generar un plan de acción que integre en sus políticas internas de responsabilidad social empresarial el desarrollo de la paz territorial y la efectiva reinserción de los excombatientes a la vida civil (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Consejo Internacional de Industria Sueca & Fundación Ideas para la Paz, 2014).

El impacto e incidencia que el sector privado lograría, implica enlazar distintas empresas para aunar esfuerzos en el proceso de adopción de medidas, mecanismos y/o estrategias para apoyar el posconflicto. En concordancia con lo anterior, las empresas deben realizar un análisis de cara a la disposición de los recursos financieros, por lo que se debe garantizar que las finanzas de la organización no se vean afectadas; de igual modo, los recursos humanos, como lo son las víctimas, por lo que se deben crear lazos de confianza (Mesa, 2016). Para lograrlo, se requiere de un proceso conjunto frente al conocimiento de los territorios y las comunidades con las que trabajarán las empresas, arrojando información adecuada para una efectiva implementación y sostenibilidad de las iniciativas (Reyes, 2014, citado por Enciso, 2016). Es necesario observar, que si el sector empresarial se quiere involucrar en la consecución de paz, con la intención de alcanzar objetivos ciertos y bien planificados, implicaría objetivos y programas de mediano y largo plazo, que se pueden auspiciar con mayores incentivos, por parte del Estado.

Para contribuir a la construcción de paz desde el sector privado, se plantean tres estrategias (Gonzales, García & Gamboa, 2015). La primera estrategia se refiere a la financiación del posconflicto, por lo que las empresas deberán pagar puntualmente los impuestos, y tendrán que financiar temas que promuevan el desarrollo social y económico (Revista Semana, 2015).

Como segunda instancia, la empresa privada no cuenta con la plena capacidad para invertir en el posconflicto, por lo que debe participar en convenios con diferentes sectores para canalizar recursos en inversiones; por otro lado, se destaca, en esta estrategia, la vinculación de la empresa privada en el Pacto Global enunciado por las Naciones Unidas en 1999, al que se adscriben ciudadanos, distintas ONG y empresas internacionales, con la intención de comprometerse en el cumplimiento de 10 principios relacionados con: derechos humanos estándares laborales, medioambiente y anticorrupción (Pacto Global Colombia, 2017). Al puntualizar en el sector privado, se hace visible el cumplimiento de buenas prácticas éticas y del direccionamiento de la responsabilidad social empresarial desde el enfoque de derechos humanos (Arizabaleta, Ochoa, & Vanegas, 2017).

Por último, se enfatiza en la RSE como mecanismo para que las empresas desarrollen labores tendientes a promover la inversión social, y actividades en torno a aspectos económicos, ambientales y sociales para mejorar las condiciones de vida de sus stakeholders (Benavides, 2016).

De acuerdo a lo anterior, la responsabilidad social empresarial se contempla como un mecanismo para que las empresas aporten al posconflicto y a la construcción de paz. Las empresas privadas estructuradas desde una lógica economicista, de acumulación de capital y eficiencia económica, no deben desconocer el papel que la sociedad juega en sus dinámicas internas, ni tampoco distanciarse de su compromiso para el progreso social (Benavides, 2016).

En relación a la orientación que debe asignarse a la RSE en escenarios de posconflicto se destacan dos visiones, la de inversión social y la psicosocial. La primera consiste en programas orientados a la salud, la educación, la alimentación y los servicios básicos; la segunda enfatiza en las fracturas sociales e individuales que ha generado el posconflicto, tanto para las víctimas como para los grupos armados, por lo que se debe promover la reconciliación y la reconstrucción del tejido social (Lozano & Prandi, 2010). Ello significa que la inversión social podrá contribuir a la supresión de las causas que dieron origen al conflicto, y la segunda de las visiones, al enfoque diferencial necesario para reparar los daños sociales causados a la comunidad víctima del conflicto armado.

Considerando que el planteamiento de la RSE debe contener las preocupaciones de sus stakeholders en aras de generar actividades en beneficio del desarrollo social y sostenible, el sector privado ampliaría el espectro de su impacto ejecutando acciones como:

En el cumplimiento de la RSE, uno de los más significativos aportes tendría que centrarse en la construcción de una política de empleo, que brinde oportunidades de reinserción social a excombatientes, creando ambientes productivos que les permitan una reintegración laboral efectiva, aprovechando sus capacidades y potencialidades, y aportando al proceso psicosocial en relación al paso de un ambiente hostil, y de guerra, a una adaptación a la vida civil por medio del ingreso laboral (Galindo, 2016).

Un ejemplo de la inserción laboral, es la visión de RSE de la multinacional Diageo, productora y comercializadora de bebidas alcohólicas como Baileys, Smirnoff, José Cuervo, entre otras. En el caso particular de Irlanda, cuenta con un programa que ayuda a jóvenes desempleados a adquirir herramientas para introducirse en el mundo del trabajo, a través de capacitaciones técnicas, entrenamientos laborales, y adquisición de habilidades para la vida. En 2015 Diageo ganó el Fundaraising Ireland Award a “Mejor Responsabilidad Social Empresarial” por el programa Learning for Life anteriormente descrito (Diageo, s.f.).

En la política de empleo, las empresas pueden definir acciones concretas como la contratación de empleos directos, asumiendo la responsabilidad de generar ambientes óptimos para la reinserción, tales como subsidios o asistencia familiar; compra de bienes y/o servicios a pequeñas empresas o pymes lideradas por excombatientes o víctimas del conflicto, fomentando el emprendimiento en cooperativas o proyectos comunitarios; y la empleabilidad, entendidas como estrategias para crear y fortalecer capacidades de formación laboral o profundización en áreas técnicas laborales, teniendo en cuenta las actividades que desempeñaron en el conflicto, o las que realizaban antes de este, además de prepararlos para la demanda del mercado laboral actual; de igual modo el desarrollo de cualidades o características personales que se requieren para optar a un empleo (Lozano & Prandi, 2010).

Los efectos de la guerra y las percepciones de la ciudadanía sobre la desmovilización son un tema sensible, y sobre todo respecto a la inserción laboral, por lo que en un proceso de adaptación y de recuperación de la confianza de los excombatientes, es necesario mantener prudencia frente a sus identidades para evitar rechazos o posibles conflictos entre los trabajadores (Lozano & Prandi, 2010). Lo anterior, podrá auspiciar mayores posibilidades de reinserción y de no discriminación para quienes han dedicado parte importante de sus vidas al conflicto armado, además, es un compromiso necesario para evitar que se retome la vida armada, consecuencia lógica de que los excombatientes se vean inmiscuidos en lesiones a su vida o integridad personal.

Para continuar con las prioridades de la RSE se presenta el caso de Filipinas, en donde la crisis económica y política entre los años 70 y los 80 recrudeció los actos violentos, produciendo recesión económica y devaluación del peso, es en este escenario que surge Philippine Business for Social Progress, una organización creada por la alianza de distintas empresas con el ideal de contribuir al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza en el país. Esta fue una de las iniciativas pioneras en RSE, y sostiene dentro de sus áreas de trabajo el apoyo organizacional y económico a cooperativas, la financiación de créditos para el sector agro a través de cooperativas de campesinos y el desarrollo de microempresas basadas en la comunidad (Nelson, 2000).

El territorio y la ruralidad son dimensiones reivindicativas a las que apuntan los Acuerdos de Paz, planteando la difícil tarea de reconstruir el campo colombiano en su aspecto agrícola, y como territorio construido desde los significados sociales y culturales que los habitantes le otorgan. Lo anterior refleja uno de los retos más complejos del posconflicto, ya que requiere integrar el retorno de las poblaciones desplazadas, la recuperación y/o asignación de tierras, la sustitución de los cultivos ilícitos, y en muchos casos, la reconstrucción de un pueblo entero.

La empresa privada en la restitución del campo, podría diseñar alternativas de solución para lograr un efectivo regreso a sus tierras de origen, promoviendo proyectos agrícolas y ganaderos a través de inversión, capacitación técnica en labores del campo, capacitación en emprendimiento, y actualización de nuevas tecnologías para mejorar la productividad del campo (Benavides, 2016).

Para tener en cuenta, en el este de Australia, Río Tinto, una multinacional minera, se ha basado en la inversión para el desarrollo y participación de las comunidades, con el fin de generar procesos sostenibles. Una de sus áreas prioritarias es la educación, por lo que apuntan a la innovación tecnológica en las escuelas, la preparación desde la infancia para ingresar al sistema educativo, y al mejoramiento de la educación en la comunidad indígena Pilbara (Río Tinto, s.f.). Una política similar podría verse reflejada en las zonas objeto del conflicto armado, en donde se focalizan las medidas en aras de producir el desarrollo de la nación.

La anterior ilustración permite destacar la importancia de que, en los municipios más afectados por el conflicto, los cuales soportan su actividad principal en el campo, se invierta socialmente en infraestructura de salud, educativa, de vivienda, y cobertura de servicios básicos (Benavides, 2016). Una intervención que ofrezca alternativas a las actividades tradicionales del campo puede dar respuesta a las necesidades del mercado, y convertirse en nuevos aprendizajes, nuevos ingresos económicos y progreso social, en este caso “como el ecoturismo y el turismo rural, las actividades deportivas, la transformación de materias primas en bienes de consumo, entre otras” (Álvarez, 2016, p.28).

Para tal fin, es indispensable enfatizar la constitución de alianzas estratégicas que incluyan diferentes actores para el reconocimiento de los esfuerzos locales, potencializar aprendizajes relacionales, y concentrar recursos a fin de generar distintas alternativas a las comunidades en pro de mejorar su calidad de vida y de impulsar su desarrollo personal (Lozano & Prandi, 2010). Es decir, así como las empresas se alían para llevar a cabo sus objetos sociales con mayor determinación y posibilidades de éxito, podrán unirse para generar beneficios en sus stakeholders.

En este contexto de posconflicto, las empresas privadas deben incluir dentro de sus principios y valores institucionales la defensa y el libre ejercicio de los derechos humanos, empezando por el respeto a la dignidad humana de sus empleados, produciendo condiciones óptimas para el ejercicio de sus labores, y garantizando su desarrollo individual y social. Ello se logra a través de la práctica de una ética que contemple valores mínimos que permitan convivir en armonía y convivencia.

La promoción de los derechos humanos en relación con el sector privado, además del papel en la inversión social y desde la responsabilidad social empresarial, ratifica el rol como agentes de la sociedad al promover en sus estructuras organizativas adecuadas prácticas éticas entre sus empleados y en su área de influencia. Este aspecto, sustenta la percepción de la empresa privada más allá del lucro o maximización del beneficio económico; por otro lado permite concebir una organización comprometida con el fomento de un adecuado clima organizacional y un entorno favorable para el desempeño de las actividades de sus empleados, así como el cumplimiento de objetivos sociales que aporten a la construcción de paz (Arizabaleta, Ochoa, & Vanegas, 2017).

En el marco de los derechos humanos y su relación con la actividad empresarial, para el año 2010 se señala la adhesión de casi 210 empresas colombianas al Pacto Global de las Naciones Unidas, y en el caso de Colombia, el documento Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, propone en su contenido que las acciones empresariales deben estar mediadas por los derechos humanos, comprometiendo en su labor a diversos sectores, y en especial al empresarial, en condiciones como la seguridad, la cual tiene estrecha relación con el uso de la fuerza privada para acciones de vigilancia o protección en las empresas, condiciones laborales concernientes a lo antes expuesto, y a la libertad de asociación (sindicalismo), temas como la participación, el desplazamiento y el empoderamiento en las comunidades, y por último, la transparencia en cuanto a medidas anticorrupción (Lozano & Prandi, 2010).

Como última estrategia de intervención, acorde a la visión psicosocial, se expone el marco de RSE del banco más grande de Canadá, Royal Bank of Canadá, el cual tiende a realizar acciones para minimizar los actos violentos o situaciones de conflicto. Un ejemplo de esto es la labor que realizan para que no se continúe fabricando material bélico; asimismo trabaja en pro del respeto a los derechos humanos con comunidades vulnerables como personas con discapacidad, minorías étnicas, y comunidad LGBTI (Observatorio de Construcción de Paz, s.f.).

En el caso previo se visibiliza la intervención social con enfoque territorial y orientación a los grupos vulnerables afectados por el conflicto. Con este objetivo se pretende lograr la reconstrucción del tejido social, retomando la importancia del territorio, las relaciones entre los actores y las condiciones de vida, lo cual permite identificar las circunstancias locales en razón de optimizar recursos para el mejoramiento de la calidad de vida. De este modo, se hace necesario reconocer el contexto de acuerdo a las características políticas, económicas y sociales del territorio, para determinar las necesidades, las vulnerabilidades y los conflictos que acontecen en la comunidad (Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Ideas para la Paz e Instituto Catalán Internacional para la Paz, 2015).

En efecto, la intervención debe priorizar a las poblaciones vulnerables víctimas del conflicto armado, por lo que es indispensable fundar alianzas estratégicas entre lo público y lo privado para proporcionar la sostenibilidad en los procesos de base comunitaria. Esta medida propone resaltar el mejoramiento de las condiciones sociales de la población como parte primordial de la construcción de paz en el territorio, entendiendo que la intervención no puede convertirse en una acción aislada, sino en un proceso sostenible y de larga duración (Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Ideas para la Paz e Instituto Catalán Internacional para la Paz, 2015).

Nelson (2000) plantea acciones que pueden guiar la intervención de las empresas con las comunidades como: “fortalecer las capacidades de la sociedad civil en las organizaciones, promocionar actividades que promuevan la diversidad, la tolerancia y la educación cívica” (p.64) además de facilitar “(…) formación técnica y en valores (derechos humanos y paz) a colectivos involucrados en el conflicto” (Lozano & Prandi, 2010, .47).

Para finalizar, el propósito de materializar la recuperación económica y la inversión en el capital social en el periodo de posconflicto, tiene como eje primordial el papel de las empresas privadas. Tal como argumenta Devia y Niño (2015), el sector privado puede contribuir al tránsito de la guerra hacia el progreso, en la creación de estructuras de mercado e inversiones favorables, para generar oportunidades de empleo y ampliar la cobertura de servicios públicos, reconstruyendo de esta manera el capital social.

En definitiva, los aportes del sector privado en el marco de la RSE para la construcción de paz agregan una dimensión integral a lo establecido en los Acuerdos de Paz, en lo que concierne a los beneficios que pudiera generar a través de las políticas, al brindar espacios que garantizan el acceso a servicios y oportunidades para mejorar el bienestar de los individuos, y en la contribución para la reconciliación de los sectores involucrados y afectados en el conflicto, así como al proceso de transición para la estabilidad económica y psicosocial de las víctimas, excombatientes, y en general, la población.

La Responsabilidad Social Empresarial comprende una integración voluntaria, por parte de las empresas, de una relación mutualista, en la que estas adoptan políticas que van más allá de las exigencias legales y propician el progreso de sus stakeholders desde el ámbito social, laboral, económico y medioambiental; en la lucha contra la corrupción, a través de una intervención de manera libre y respetuosa de sus derechos, lo que se encuentra acorde con el principio de solidaridad constitucionalmente reconocido. Al mismo tiempo, dicha relación genera una filosofía institucional, que beneficia al desarrollo de la empresa misma, en una relación proporcional que permite afirmar que mientras la RSE, y los derechos humanos estén dentro del plan estratégico empresarial, y su política tenga en cuenta las mayores necesidades de sus stakeholders, tendrán mayor impacto en el bienestar de la sociedad, en el bienestar laboral, lo que repercute en el marketing de la empresa, en la rentabilidad económica, en el desarrollo sostenible, entre otros.

Por otro lado, en cuanto a las prioridades alrededor de las cuales se debe invertir socialmente en el marco del posconflicto, se tiene que la construcción de paz está ligada principalmente a la reparación de los daños ocasionados en la situación de conflicto y a la disminución a su mínima expresión de las causas que le dieron origen lo que se puede auspiciar con el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de las víctimas y los excombatientes del conflicto armado, por lo que es menester reconstruir la infraestructura, el medioambiente, el sector productivo, el tejido social y la transparencia en los espacios de democracia representativa, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico en los territorios más azotados por el conflicto.

En aras de alcanzar los objetivos de la RSE dispuestos y, específicamente, su aplicación en Colombia, en la situación de posconflicto que nos ocupa, se espera que se genere un enlace del sector público y el privado, y especialmente de las empresas que integran este último, para adoptar medidas y/o mecanismos que permitan sostener y llevar a feliz término las estrategias seleccionadas, que deberían comprender la financiación del posconflicto; la inversión social, orientada a los programas de salud, educación, alimentación y servicios básicos; la reconciliación y reconstrucción del tejido social; políticas de generación de oportunidades y empleos, bien sea a través de contratación directa, subsidios, asistencia familiar y/o contratos con cooperativas o proyectos comunitarios; financiación de créditos para el sector agro a través de cooperativas de campesinos; capacitación en emprendimiento y tecnologías para la productividad del campo; promoción de nuevas actividades y posibilidades de ingresos económicos para los sectores más vulnerables como actividades deportivas, ecoturismo, transformación de materias primas en bienes de consumo; promoción de los derechos humanos con enfoque diferencial..., en fin, toda una política de desarrollo integral aplicada prioritariamente a las zonas y sujetos del conflicto, en la cual, las empresas, tienen muchas aristas de donde escoger.

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1 Abogada, Universidad de Cartagena. Especialista en responsabilidad y seguros, Universidad del Norte. Especialista en Derecho Comercial y Marítimo y magistra en Derecho, Universidad Sergio Arboleda.

martharivero1@hotmail.com

2 Incluyendo las no nacionales que prestan servicios en el país.