Resumen
En esta contribución se analiza brevemente, a la luz de las bases científicas de algunas regulaciones europeas, y en particular, de la española, el espinoso tema de los privilegios de los altos cargos, autoridades y funcionarios públicos en el ámbito del proceso penal, más en concreto se busca precisar hasta qué punto dicha protección especial puede afectar al principio de igualdad, y, yendo más allá, si tal excepción al mismo debe estar justificada y protegida por una consitución democrática.