Resumen
En Cuba la represión contra disidentes y opositores fue legalizada a partir de 1959, y se mantiene hasta la actualidad a través de un sistema legislativo que ha propiciado la violación sistemática de derechos humanos y la instauración del miedo como política de Estado para criminalizar a ciudadanos que han alzado la voz en contra del régimen. Desde el análisis de 649 casos de personas condenadas por delitos políticos entre 1959 y 1987 expongo parte de una investigación exploratoria en torno a las condenas por “delitos contrarrevolucionarios” y “contra la Seguridad del Estado” mediante el análisis de códigos penales, testimonios de víctimas, de abogados e informes de organismos internacionales, que permite reconstruir una memoria de la represión y de la judicialización del disentimiento político.

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