Abstract
La reforma al artículo 250 de la Constitución Política colombiana introdujo una modificación trascendental al régimen previsto para el ejercicio de la acción penal; este último dejó de ser una prerrogativa exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y, a tales efectos, fueron facultadas las víctimas y otras autoridades administrativas. En este escrito se examinan la génesis y el debate de la modificación constitucional y se realiza una revisión crítica de la misma, a partir del examen de sus funamentos teóricos y de sus consecuencias prácticas.Downloads
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