Abstract
La circulación de vehículos automotores propone nuevos retos al derecho penal, el cual, acorde con las tendencias punitivas tan comunes hoy, es presentado a la opinión pública colombiana, por los medios y los legisladores, como la única solución posible para contrarrestar los altos índices de muertos y heridos producidos, en especial, por conductores ebrios. Sin embargo, la creación de nuevos delitos o el endurecimiento de las penas ya existentes, apenas puede contribuir a la reducción de esas cifras; el papel del derecho penal a tales efectos es limitado y la política criminal no es sino una más dentro del conjunto de las políticas públicas llamadas a mejorar la seguridad vial, que dista, por cierto, de ser la más eficaz en esta materia.
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